LOS TRABAJADORES DE LA SALUD SANTIAGUEÑOS LLEVAN ADELANTE UN PARO DE CUATRO MESES
EN SANTIAGO LA SALUD ESTA ENFERMA
Por Mariana Carbajal
En el principal hospital de Santiago del Estero, el Regional Ramón Carrillo, renunciaron el director y una decena de jefes de servicio, y los trabajadores de la salud mantienen un paro por tiempo indeterminado desde hace más de dos semanas en reclamo de mejoras salariales y en la jubilación. La medida se replica en otros centros de salud de la provincia. El grave conflicto sanitario se arrastra desde hace cuatro meses, pero se profundizó en los últimos días, ante la falta de una respuesta satisfactoria de parte del gobernador, Gerardo Zamora. Anoche, médicos, enfermeras, obstétricas y choferes del sistema público realizaron una marcha de antorchas por el centro de la ciudad.
Las medidas de fuerza están concentradas en los hospitales Ramón Carrillo e Independencia, de la capital santiagueña, y en algunas localidades del interior de provincia como Añatuya. Las prestaciones médicas se reducen a las urgencias y a la atención en las guardias. Hasta el director del Ramón Carrillo, Víctor Trejo, presentó su renuncia. “De un total de 8000 trabajadores de la salud, alrededor de 5000 se han plegado al paro por tiempo indefinido”, señaló a Página/12 Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa). La mayoría está precarizada: alrededor del 60 por ciento tiene contratos de locación de servicios”, indicó el dirigente gremial.
El martes, el gobierno provincial abrió una instancia de diálogo pero a través de colegios y sociedades médicas, que no son reconocidos por los trabajadores en conflicto como representativas de sus reclamos. Además, Zamora exigió que se levante el paro para escucharlos. Los trabajadores nucleados como “autoconvocados” rechazan la propuesta oficial y denuncian que ya han sido cesanteados más de treinta huelguistas, en distintos hospitales en represalia por participar de la protesta.
El conflicto tiene su nudo en el monto del salario básico que –denuncian– es uno de los más bajos del país en el sistema sanitario: para un médico, de 790 pesos; para una instrumentadora, 565 pesos, lo que repercute en las jubilaciones. Uno de los jefes de servicio que presentaron su renuncia la semana pasada, con 25 años de servicio, 20 años de antigüedad de guardias, un amplísimo currículum como docente, investigador y magister, tiene un sueldo de bolsillo de 2100 pesos. Desde hace varios días, el Hospital Ramón Carrillo está atestado de policías y durante las marchas de antorchas, que se repiten cada jueves, personas sin identificación sacan fotografías y filman a los manifestantes.
Gustavo Cáceres fue exonerado el 6 de enero: era director desde 1998 del Hospital de Bandera Bajada, una localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la capital santiagueña. Dice que le inventaron un sumario administrativo por malversación de fondos pero que la causa real de su desplazamiento tiene que ver con su participación como promotor de los reclamos en Bandera Bajada. “Es un mensaje para intimidarnos. Lo consideramos como terrorismo de Estado”, dijo a este diario.
Adriana Contreras es instrumentadora en el Hospital Independencia, de la capital provincial. El 23 de enero inició una huelga de hambre en repudio a la persecución policial y la falta de respuesta del gobierno, según contó a Página/12. El martes tuvo que levantar la protesta porque se descompensó. “Mi organismo estaba empezando a deteriorarse mucho”, explicó, mientras permanecía internada en una clínica privada recuperándose. Contreras es jefa de familia: tiene 3 hijos, una de 16 y dos de 13 y 12 años que viven con ella y paga un alquiler de 850 pesos. Su salario básico es de 565 pesos y su sueldo de bolsillo, de 1500. “Los médicos se están jubilando con 750 pesos”, describió uno de los jefes que renunciaron.
Carlos Scaglione, jefe del servicio de Traumatología y otro de los renunciantes en el Ramón Carrillo, señaló que el salario “en la historia del hospital nunca fue tan bajo y tan mínimo con respecto a los demás sectores laborales. Es imprescindible detener este estado caótico y recuperar el hospital con los conceptos y postulados de Ramón Carrillo; jerarquizando y dotando los servicios de los elementos básicos imprescindibles y otorgando un aumento inmediato acorde con el nivel prestacional por ser el hospital más importante de la provincia.”, apuntó.
Las medidas de fuerza están concentradas en los hospitales Ramón Carrillo e Independencia, de la capital santiagueña, y en algunas localidades del interior de provincia como Añatuya. Las prestaciones médicas se reducen a las urgencias y a la atención en las guardias. Hasta el director del Ramón Carrillo, Víctor Trejo, presentó su renuncia. “De un total de 8000 trabajadores de la salud, alrededor de 5000 se han plegado al paro por tiempo indefinido”, señaló a Página/12 Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa). La mayoría está precarizada: alrededor del 60 por ciento tiene contratos de locación de servicios”, indicó el dirigente gremial.
El martes, el gobierno provincial abrió una instancia de diálogo pero a través de colegios y sociedades médicas, que no son reconocidos por los trabajadores en conflicto como representativas de sus reclamos. Además, Zamora exigió que se levante el paro para escucharlos. Los trabajadores nucleados como “autoconvocados” rechazan la propuesta oficial y denuncian que ya han sido cesanteados más de treinta huelguistas, en distintos hospitales en represalia por participar de la protesta.
El conflicto tiene su nudo en el monto del salario básico que –denuncian– es uno de los más bajos del país en el sistema sanitario: para un médico, de 790 pesos; para una instrumentadora, 565 pesos, lo que repercute en las jubilaciones. Uno de los jefes de servicio que presentaron su renuncia la semana pasada, con 25 años de servicio, 20 años de antigüedad de guardias, un amplísimo currículum como docente, investigador y magister, tiene un sueldo de bolsillo de 2100 pesos. Desde hace varios días, el Hospital Ramón Carrillo está atestado de policías y durante las marchas de antorchas, que se repiten cada jueves, personas sin identificación sacan fotografías y filman a los manifestantes.
Gustavo Cáceres fue exonerado el 6 de enero: era director desde 1998 del Hospital de Bandera Bajada, una localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la capital santiagueña. Dice que le inventaron un sumario administrativo por malversación de fondos pero que la causa real de su desplazamiento tiene que ver con su participación como promotor de los reclamos en Bandera Bajada. “Es un mensaje para intimidarnos. Lo consideramos como terrorismo de Estado”, dijo a este diario.
Adriana Contreras es instrumentadora en el Hospital Independencia, de la capital provincial. El 23 de enero inició una huelga de hambre en repudio a la persecución policial y la falta de respuesta del gobierno, según contó a Página/12. El martes tuvo que levantar la protesta porque se descompensó. “Mi organismo estaba empezando a deteriorarse mucho”, explicó, mientras permanecía internada en una clínica privada recuperándose. Contreras es jefa de familia: tiene 3 hijos, una de 16 y dos de 13 y 12 años que viven con ella y paga un alquiler de 850 pesos. Su salario básico es de 565 pesos y su sueldo de bolsillo, de 1500. “Los médicos se están jubilando con 750 pesos”, describió uno de los jefes que renunciaron.
Carlos Scaglione, jefe del servicio de Traumatología y otro de los renunciantes en el Ramón Carrillo, señaló que el salario “en la historia del hospital nunca fue tan bajo y tan mínimo con respecto a los demás sectores laborales. Es imprescindible detener este estado caótico y recuperar el hospital con los conceptos y postulados de Ramón Carrillo; jerarquizando y dotando los servicios de los elementos básicos imprescindibles y otorgando un aumento inmediato acorde con el nivel prestacional por ser el hospital más importante de la provincia.”, apuntó.
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