SOY DENUNCIANTE, POLICÍA, INSTRUCTOR Y JUEZ

Esa tarde, de triste memoria, en la improvisada sede de la casa de gobierno provincial situada en el Ex-Banco Provincia, el viejo caudillo daba cátedra, según la lógica fascistoide que lo caracterizaba. Decía a los presentes: "Napoleón tenían un jefe de policía, FOUCHÉ, quien le informaba de todo lo que el quería saber, vida -publica y privada- de todos a quienes o en quienes el depositaba desconfianza".
Los espiaba, conocía sus vidas públicas por sus definiciones políticas, y sus vidas privadas por los seguimientos de sus servicios de informaciones -rentados por el estado provincial- funcionando en las mismas oficinas de la jefatura policial.
Y proseguía con su relato: "Gracias a Fouché, podía controlar y llevar adelante su gestión. Para un gobernante es fundamental la información". Proseguía, sin inmutarse ante los ojos atónitos de quienes lo escuchaban en esa tarde calurosa de la capital santiagueña.
La Cámara de Diputados no había logrado aún los acuerdos legislativos para los jueces de instrucción y eso atormentaba al caudillo, ello por la sencilla razón de que, sin juez -sin cárcel- de nada servía la información para amedrentar; Un cañón sin balas.
Urgía la designación de los jueces de instrucción. Una vez logrado ello, tendría en sus manos a la oposición y los obligaría a beber la pócima infernal: ARREGLO O CÁRCEL.
Pasó el tiempo, pero antes de pasar ese tiempo, un ingeniero dedicado a la política reflexionaba ante un abogado dedicado también a la política: NO TE CONFUNDAS, ESTOS NO ESTÁN ENFRENTADOS AL JUARISMO POR QUE DEPLORAN SUS PERVERSIDADES. LA ÚNICA CONTRADICCIÓN QUE TIENEN CON JUÁREZ, ES QUE ELLOS QUIEREN SER JUÁREZ. EL SISTEMA LES VIENE BIEN. DEPLORAN A JUÁREZ POR QUE ELLOS QUIEREN MANEJAR EL SISTEMA.
El inocente comentario fue una verdadera profecía: ALGUNOS AÑOS MAS TARDE, CAÍDO EL SISTEMA JUARISTA, SOBREVIVEN LAS PERVERSIONES DEL SISTEMA CREADO POR EL VIEJO CAUDILLO, en especial, los tortuosos mecanismos de represión y silenciamiento a los opositores y a todo aquel que se atreva a cuestionar a Gerardo Zamora.
Días pasados, y recién reingresado a la función, el humilde abogado egresado de la UCSE, hoy gobernador y no tan humilde, era informado minuciosamente de los sondeos de opinión -los últimos- que alertaban de una caída de la imagen gubernamental en mas de 30 puntos en los centros mas poblados de la provincia. La causa?: la profundización del conflicto sanitario y la coalición del reclamo de distintos sectores, sumado a una pésima negociación del vice Niccolai, también jaqueado en su propia ciudad.
La histeria domino los pasillos y se arrinconó detrás del sillón de Ibarra. De allí partió la orden: HAY QUE PARARLOS COMO SEA, PERO ¡HAY QUE PARARLOS!. Acto seguido, y previa puteada a todo el entorno de imbéciles que lo rodean, convoca a Daives, el enjuto Ministro de Justicia y otras yerbas, lo escruta. "ESTA CALIENTE" se dice. Y asiente. "NO LO CONTRADIGAS" se dice y Escucha. “QUE HAGAN DENUNCIAS POR ABANDONO DE PERSONAS, VAMOS A ARMARLES CAUSAS, Y METERLOS PRESOS SI ES NECESARIO. HAY QUE PARARLOS!!”.
Justo al frente, dos sillones medianos, entornados en madera de cedro laqueado, rememoran la vieja imagen de otro tiempo. Los sillones observan y recuerdan otros tiempos de humillación y sometimiento. Los viejos sillones rememoran las pócimas venenosas que solían tragar los que debieron soportar el encono DEL APRIETE JUDICIAL.

FICCIONES II

“EN SANTIAGO ES UNA FICCIÓN LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES”.

La Federación Judicial Argentina (FJA), se pronuncio ante la Junta Nacional de Cortes Y Superiores Tribunales (jufejus) que se realiza en nuestra ciudad de Santiago Del Estero.
En este sentido, emitió una declaración en la que instó a a que “RECONOZCA Y DECLARE QUE EN SANTIAGO DEL ESTERO, LA INDEPENDENCIA DE PODERES ES UNA FICCIÓN Y QUE EL SOMETIMIENTO DEL PODER JUDICIAL A TRAVES DE LA INESTABILIDAD LABORAL DE SUS JUECES, LA POSTERGACIÓN SALARIAL INADMISIBLES EN TODOS LOS CUADROS QUE INTEGRAN EL PODER Y LAS RECURRENTES MANIOBRAS QUE IMPONEN A LA JUSTICIA DETERMINADOS CRITERIOS PROVENIENTES DEL EJECUTIVO PROVINCIAL”.
Para la que agrupa que agrupa a los gremios judiciales del país, estas maniobras son un ataque al estado de derecho, al respeto a la constitución y a las garantías que el pueblo debe tener con una justicia a su servicio. Y remarcó, el enorme contrasentido de realizar este tipo de reunión en una provincia como Santiago Del Estero donde la “pobreza, la marginalidad, la falta de viviendas, educacion y justicia son una realidad incontrastable”.-

CUANDO HABLAN LOS PATRONES:

El presidente de la Junta Federal de Cortes , Rafael Gutiérrez, según el diario El Liberal de ayer, felicitó a las autoridades provinciales por los avances “institucionales” obtenidos en la provincia a partir de la intervención federal. Eufóricos, Liones Suarez Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago Del Estero y Ricardo Daives, Ministro De Justicia. Ponderaron el hecho (y de paso lo presentaron como propio), cuando en realidad se trata de un ex –panelista que “disertó” acerca de las bondades del mamotreto que se aprobó en 2005, y que actualmente, y que NUNCA FUE RESPETADO POR ZAMORA. LLAMADO : REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.-

En efecto. Dicha sanción constitucional, dio paso a que:

1.-Se prorrogarán mandatos constitucionales de diputados, a los efectos de que cada legislador cumpla 4 AÑOS DE MANDATO , Y NO SE RENUEVE LA CAMARA CADA DOS AÑOS, como incluso la Nación prescribe para diputados nacionales.-

*NOTA: CON ESTA MANIOBRA VERGONZOSA, DISFRAZADA DE REFORMA CONSTITUCIONAL , EL REGIMEN AUTORITARIO , CONSERVADOR , GORILA Y ELITISTA DE ZAMORA, SE ASEGURÓ DE TENER 8 AÑOS DE GOBERNABILIDAD COMPLICE CON UNA CAMARA DE DIPUTADOS , ADICTA Y SUMISA.

2.- Se dispuso de la creación de un NUEVO REGIMEN DE COLEGIO DE LA MAGISTRATURA, el cual estuvo inactivo durante 3 años, solo convalido los “concursos” de las cámaras y juzgado civiles, integrados por ex-amigos de la intervención federal , familiares del gobernador, y otros “amigos” acostumbrados a “sugerir” nombramientos de jueces.-

*)NOTA: DURANTE 5 AÑOS LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN PENAL, DE QUIENES DEPENDE LA LIBERTAD ,VIDA Y BIENES DE LOS SANTIAGUEÑOS, AÚN SIGUEN SUBORDINADOS A LA LAPICERA DE ZAMORA.-

Lo graves y escandalosos hechos de corrupción, ineficiencia judicial y policial, sumados a la existencia de presos políticos, rehenes del gobierno, son la CONTRACARA de las declaraciones de los Señores Magistrados , que se reúnen en nuestra provincia.

Volvemos a insistir. ZAMORA CONVOCA A ESTE ENCUENTRO. ANTE LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA , LA INEXISTENCIA DE UN GENUINO ESTADO DE DERECHO, Y EL RIESGO CIERTO DE AVASALLAMIENTO A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS SANTIAGUEÑOS, SON LAS RAZONES QUE CORROEN ESTE BURDO OPERATIVO MEDIATICO, A LOS FINES DE DECIRLE AL GOBIERNO Y OPOSICIÓN NACIONAL.....LAS COSAS ESTAN BIEN EN SANTIAGO.

LOS EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL Y LOS CIUDADANOS: NO PIENSAN LO MISMO.-

NUESTROS JUECES

Descubren a un juez con "un machete" de la evaluación del Consejo de la Magistratura

En las últimas horas se resolvió abrir un sumario interno para determinar de qué manera un candidato a juez federal de Paraná tenía, al momento del examen, por anticipado los temarios de los casos que debía resolver para aprobar su postulación al cargo.
Fuentes judiciales anticiparon que la investigación interna estará a cargo del abogado Claudio Cholakian, secretario letrado de la consejera diputada kirchnerista Diana Conti.
El caso, que originó una suerte de tembladeral en el Consejo, ocurrió el viernes pasado, cuando el consejero juez Luis María Cabral tomaba examen de oposición en el marco del concurso para juez de un tribunal oral federal de Paraná.
Ante la advertencia de dos concursantes, que le indicaron que un tercero tenía de antemano el temario del examen, Cabral suspendió la prueba y denunció los hechos ante un juez local, quien al requisar las pertenencias del sindicado comprobó que, efectivamente, conocía por anticipado los cuatro casos que el propio Consejo había preparado para evaluar sus conocimientos.
El concursante sorprendido in fraganti es el fiscal Hernán Alberto Tuppo, quien fue secretario de la fiscalía a cargo de Marcelo Martínez Burgos –uno de los representantes del Ministerio Público asignado a la Causa AMIA-, trabajó con el ex fiscal Pablo Lanusse durante la intervención en Santiago del Estero y tuvo en esa provincia una actuación rutilante desde el punto de vista mediático.
En efecto, Tuppo fue el juez subrogante que en octubre de 2004 dictó el procesamiento por “coacción agravada” al matrimonio Juárez, otrora caudillos provinciales, por el secuestro de un ex vicegobernador.
Como juez santiagueño, Tuppo procesó y convirtió en prisión preventiva el arresto domiciliario del ex gobernador Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Marina Aragonés; del ex jefe de Gabinete provincial Carlos Pena y del ex diputado y ex jefe de la juventud peronista juarista Carlos Anauate.
El viernes pasado, Tuppo y otros 22 postulantes se presentaron a rendir la prueba para cubrir la vacante del Tribunal Oral Federal de Paraná, y fue en ese contexto que la maniobra fue descubierta y denunciada ante la Justicia, con intervención del magistrado federal local Gustavo Zonis.
Los autores de los exámenes fueron los jueces Alberto Pravia y Daniel Morín, y los docentes universitarios Ignacio Tedesco y Gustavo Costa; cada uno conocía el suyo, pero también los de sus otros tres colegas, revelaron las fuentes.
Justamente Pravia –autor de uno de los exámenes- compitió hace tres años con Tuppo por el cargo de juez federal del tribunal oral federal de Santiago del Estero; Tuppo fue primero en el concurso y Pravia, segundo, no obstante lo cual el 5 de diciembre de 2006 el ex presidente Néstor Kirchner lo escogió a él para ocupar el cargo.
Tuppo es un hombre de poco más de 40 años que frecuentemente concursaba en el Consejo de la Magistratura para llegar a juez.
Además del concurso para juez de tribunal oral federal de Santiago del Estero estuvo ternado en al menos otros tres concursos: fue segundo en la disputa por un cargo en un tribunal oral federal de Formosa, tercero para un tribunal oral federal de San Juan y segundo para juez federal de primera instancia de Paraná.
De los cuatro casos, sólo en el último tiene posibilidades de llegar al cargo, porque la terna fue remitida el 16 de abril pasado por el Consejo al Poder Ejecutivo, que todavía no eligió al candidato para pedirle acuerdo al Senado

NOTA DE AMBITO FINANCIERO

Complejo esquema ampararía venta y ocupación de campos con guiño del gobierno de Gerardo Zamora

Santiago:

denuncian graves irregularidades en la Justicia local

Por: Lorena Hak


Santiago del Estero - La Justicia de la provincia atraviesa una grave crisis que se extiende desde hace casi 5 años, coincidente con el fin de la intervención federal, con un Consejo de la Magistratura que tiene integrantes con mandato vencido o designados por el gobernador radical Gerardo Zamora sin concursos, y jueces de los Tribunales de Instrucción Penal y Laboral que están en comisión desde hace un lustro. Esta precariedad judicial derivó en graves irregularidades, como asesinatos de funcionarios sin investigación -Raúl Domínguez, empleado de Rentas de la Provincia-, titularidades ilícitas de tierras fiscales a favor de «amigos» del Gobierno provincial, entre los cuestionamientos más importantes que surgen desde la oposición y de distintos sectores sociales.
«Todos los jueces son provisorios o tienen el mandato vencido, porque desde que se dispuso la intervención sólo podían estar por dos años. De esto no hay antecedente en el mundo desde la Revolución Francesa, cuando existen las Repúblicas», dijo el diputado provincial justicialista Francisco Cavallotti en diálogo con este diario. Recién el año pasado empezaron las pruebas para los fueros penal y laboral, pero los avances se observan con lentitud.
La provincia hace décadas que sufre irregularidades políticas y jurídicas que derivaron en dos intervenciones federales. Una en 1994, tras el alzamiento popular del 16-20 de diciembre de 1993, y en 2004, tras el escándalo político que terminó con la dinastía de Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez.
«El Gobierno nacional se preocupa por la administración de justicia de la (avenida) General Paz para adentro, pero esto que está pasando es la madre de todos los problemas en la provincia, y ellos saben que esto perjudica a todos los santiagueños, que son parte de la Argentina», advirtió Cavallotti.
El abogado del ex gobernador -incluso durante la última dictadura militar- Carlos Juárez realiza gestiones en el Senado nacional para que se regularice la situación de la Justicia: «Voy a pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que envíe veedores a la provincia», solicitud que podría derivar en una intervención al Poder Judicial santiagueño.
Esta realidad, por caso, implica graves conflictos por la titularidad de tierras fiscales que habían sido adjudicadas a trabajadores y campesinos para producirlas y hoy son reclamadas por empresarios rurales que presuntamente se benefician con bienes inmuebles de creciente valor en detrimento de los santiagueños con menos posibilidades. «Hay irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble, y una muestra de esto es también la connivencia del ministro de Justicia provincial (Ricardo Daives). Yo estuve con los Juárez y esto nunca lo he visto», denuncia el legislador justicialista.
A esta realidad, tal como se señaló, no es ajeno el Gobierno nacional, ni tampoco otras provincias desde donde también surgieron denuncias similares -Chaco, Formosa Tucumán y Córdoba-. Con la solicitud de acuerdo para designar a Pedro Simón como fiscal en el Juzgado Federal de la provincia de Santiago del Estero, la administración de Cristina de Kirchner también se suma a la defraudación de las tierras de la provincia, siempre de acuerdo con las denuncias del funcionario.
Sintomáticamente, después de la última intervención, Simón llegó a actuar como vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados provincial, y con ese cargo logró restaurar el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal de la provincia
-parcialmente derogado por el proceso federal-, para que a instancias de las empresas agrícolas los jueces pudieran desalojar a gran parte de los campesinos que desde hace décadas viven en una tierra que cultivan de un modo sostenible.
Preocupa a los miembros de la Mesa Provincial de Tierras que «existe una actitud autoritaria y reticente de parte de algunos funcionarios que obran con total impunidad, extralimitando sus roles, sobre todo cuando se trata de actuar con miembros de las familias campesinas».
«En el 83 fueron adjudicadas tierras a productores, se exigía un mínimo de inversiones y el pago de cuotas accesibles. Cuando esas tierras comenzaron a tener un valor importante fueron ocupadas por empresarios de fuera de la provincia que tenían una transferencia de la adjudicación. Eso está prohibido por contrato y por la Ley de Colonización (que indica que las tierras son un bien de producción y no de especulación), la cual hoy sigue vigente», reseñó Cavallotti.
Al respecto señaló que uno de los casos más representativos es el de Hugo Acosta -cuya causa se encuentra en la Oficina Anticorrupción-, quien reclama titularidad del inmueble denominado Lote 38 de la colonia Árbol Blanco del departamento Mariano Moreno, escriturado por el Estado provincial. «Pero no existe esa adjudicación, siguen siendo tierras fiscales porque no hay transferencia dominial», explicó Cavallotti.

VER NOTA IMPRESA:
http://www.ambito.com/diario/principal.asp?id=20090803&np=22